Los sismos del pasado 24 de junio de 2026 han agravado profundamente la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela desde hace más de un decenio. Esta catástrofe configura un escenario crítico para la gestión pública, por lo que la respuesta inmediata a la emergencia debe articularse de manera fluida con soluciones estructurales de recuperación temprana, orientadas al fortalecimiento de la resiliencia, junto con la construcción de sistemas alimentarios sostenibles bajo un estricto enfoque de derechos humanos y dignidad.
Desafíos institucionales y contexto operativo
El impacto de los sismos plantea retos extraordinarios considerando el debilitamiento de la institucionalidad de un Estado que adolece de severas restricciones financieras y operativas. La limitada capacidad de respuesta oficial y las barreras a la información pública obstaculizan la cohesión nacional y limitan la coordinación efectiva con la cooperación internacional, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad civil.
Prioridades de acción multisectorial
Las prioridades fundamentales incluyen la atención integral a los damnificados —refugio, salud física y mental, agua, saneamiento, educación y reactivación laboral— y, de manera primordial, la garantía de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) para los hogares en extrema vulnerabilidad.
Para abordar una tarea de esta magnitud, resulta indispensable consolidar alianzas estratégicas entre los sectores público y privado, las ONG nacionales e internacionales, las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas y la sociedad civil. Es imperativo articular el talento y la experiencia del país bajo los principios básicos de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.
Sistema agroalimentario nacional
El sistema agroalimentario nacional y sus actores, clave en la emergencia, exige fortalecerse bajo un enfoque multidimensional de seguridad alimentaria para salvar vidas, restaurar medios de vida y consolidar la resiliencia a mediano y largo plazo.
Superar esta crisis demanda transitar de la asistencia básica hacia una planificación sostenida que garantice alimentos suficientes, nutritivos, inocuos, con pertinencia cultural y social. Asimismo, esta coyuntura representa una oportunidad para revalorizar la producción agrícola y la industria de alimentos nacional, optimizando la coordinación institucional en la cadena de suministro (transporte, almacenamiento, logística y financiamiento).
El papel del Estado
La asistencia internacional no exime al Estado de sus deberes constitucionales. El país espera una
convocatoria amplia de los sectores con mayor experticia para el diseño conjunto de planes
nacionales y políticas públicas, a fin de dar cabida al espíritu de solidaridad y a la vocación de
servicio. Es necesario convocar a expertos para diseñar las políticas públicas y recuperar
programas previos de seguridad alimentaria, eliminados sin fundamentación a pesar de haber
demostrado su eficacia. Las instituciones públicas deben asumir su responsabilidad directa y
evitar repetir los modelos fallidos del pasado.
Proponemos:
Reactivación del Consejo Nacional de la Alimentación (CNA): Constituir esta instancia técnica de alto nivel como eje central de coordinación, planificación y punto de encuentro permanente entre los sectores gubernamental, académico, privado y la sociedad civil para gestionar la emergencia.
- Estrategia multidimensional y basada en evidencia: Diseñar una estrategia fundamentada en la cooperación para proteger los derechos a la alimentación, la nutrición, la salud y la sustentabilidad del hábitat, respaldada por un sistema de vigilancia epidemiológica con datos estadísticos oportunos.
- Respuesta alimentaria y nutricional inmediata: Ejecutar un plan alimentario prioritario para grupos con mayor vulnerabilidad (albergues, centros de salud y hogares), sustentado en la recopilación sistemática de datos para garantizar una supervivencia digna y frenar el deterioro humanitario.
- Articulación del sistema agroalimentario: Coordinar con organizaciones de los productores agrícolas, la agroindustria, gremios, mercados y supermercados, la producción y distribución de alimentos densamente nutritivos, incluida la fortificación de nuevos productos, optimizando el suministro y potenciando los bancos de alimentos.
- Alivio económico focalizado: Implementar urgentemente transferencias monetarias para los damnificados de mayor vulnerabilidad y otorgar exenciones tributarias temporales a los comercios y empresas en las zonas afectadas.
- Entorno propicio para la sociedad civil y las ONG: Garantizar la participación humanitaria plena derogando la Ley de Fiscalización de Organizaciones No Gubernamentales, eliminando restricciones administrativas y de acceso.
- Trabajar en paralelo el alivio del deterioro estructural: incluyendo infraestructura de las soluciones habitacionales, los servicios básicos: agua, luz, electricidad y gas, para fomentar la recuperación inmediata y su estabilidad en el corto, mediano y largo plazo.
Caracas, 04 de agosto de 2026.
Suscriben este Exhorto
- Fundación para la Alimentación y Nutrición “José María Bengoa” (Fundación Bengoa)
- Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL), Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES). Universidad de Los Andes.
- Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES). Universidad Central de Venezuela
- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
- Grupo Social CESAP
- Plataforma de Acción Humanitaria (PAHNAL)
- Observatorio Venezolano de la Salud (OVS)
